Jul 212010
 

Extracto de ¿Qué Estado para qué igualdad?  

El presente documento se elaboró bajo la supervisión de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para su presentación en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Brasilia, 13 a 16 de julio de 2010).

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En el documento ¿Qué Estado para qué igualdad? Se analiza el progreso de la igualdad de género en la región tras 15 años de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, 10 años de la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Mileno y 3 años de la adopción del Consenso de Quito en la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en 2007. Se examinan además los logros y desafíos que enfrentan los gobiernos a la luz de la interacción entre el Estado, el mercado y las familias como instituciones sociales construidas a partir de políticas, leyes, usos y costumbres que, en conjunto, establecen las condiciones para renovar o perpetuar las jerarquías sociales y de género.

Aunque el estudio se centra en América Latina y el Caribe, algunos indicadores se comparan con los de España y Portugal, países que forman parte del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe y que participan en la conferencia regional como Estados miembros de CEPAL. De igual manera, se destacan algunas políticas en el ámbito de la paridad y la conciliación con relación a las tareas de cuidado que permiten la comparabilidad de los procesos de igualdad a nivel global y que dan cuenta del creciente intercambio de la región con otros países.

El papel del Estado en el desarrollo de la igualdad social constituye el eje central del debate, tal como se propone en el documento La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir (CEPAL, 2010a). Se trata de un concepto clave en una agenda de desarrollo compartida por los diversos actores de la sociedad y que, en el caso de las mujeres, supone su incorporación al mercado de trabajo en condiciones iguales a las de los hombres, junto con el reconocimiento de la titularidad de sus derechos como ciudadanas, su participación plena en la toma de decisiones en todos los niveles de la sociedad, el respeto a su integridad física y el control sobre su propio cuerpo.

La incorporación al mercado laboral de las mujeres en iguales condiciones que las de los hombres requiere un análisis y un cambio estratégico de la función social y simbólica establecida en la sociedad. Esto implica, por una parte, redistribuir la carga laboral no remunerada asociada a la reproducción y el sostenimiento de la vida humana y, por otra, desmontar el sistema de poder que somete a las mujeres tanto en la dimensión privada (el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a decidir plenamente acerca de la reproducción y sus condiciones), como en la dimensión pública (la representación equitativa en los niveles de toma de decisiones de la sociedad).

El progreso en la igualdad de género se relaciona directamente con los avances en la autonomía económica de las mujeres, como el control sobre los bienes materiales y los recursos intelectuales, y la capacidad de decidir sobre los ingresos y los activos familiares. A su vez, está estrechamente relacionado con la autonomía física como requisito indispensable para superar las barreras que existen en el ejercicio de la sexualidad, la integridad física de las mujeres y la reproducción, así como la representación paritaria en los espacios de toma de decisiones.

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